Una contundente operación judicial ha puesto en la mira de la justicia a la presunta organización criminal denominada «Los Osos de la Corrupción», enquistada en el corazón de la Municipalidad Provincial de San Román – Juliaca. Según la resolución emitida por el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Puno, esta red operaba desde enero de 2024 para beneficiarse económicamente a través de la anulación sistemática de papeletas de tránsito y la liberación irregular de vehículos.
La investigación fiscal señala al alcalde provincial, Óscar Wyllams Cáceres Rodríguez (conocido como «Oso»), como una pieza fundamental en la estructura delictiva. Se le atribuye haber constituido y sentado las bases de esta «red criminal» aprovechando su condición de titular de la entidad y su injerencia directa en la Gerencia de Transportes y Seguridad Vial. Según la tesis del Ministerio Público, Cáceres Rodríguez habría facilitado el enquistamiento de funcionarios y servidores específicos para asegurar la operatividad de la red y el cobro de sobornos, que oscilaban entre los 500 y 5,000 soles por usuario beneficiado. No obstante, es preciso señalar que el juzgado declaró improcedente el allanamiento de su domicilio particular al considerar genéricas las imputaciones iniciales en esta etapa preliminar.
Funcionarios y servidores implicados
El allanamiento y registro se centró en los domicilios y oficinas de los denominados «puntos nodales» y «brazos operativos» de la organización. Entre los principales implicados identificados en el documento judicial se encuentran:
- Hardy Meyer Quispe Lipa (alias «Hardy»): Gerente de Transportes y Seguridad Vial. Se le atribuye ser un hombre clave que impartía instrucciones directas para captar infractores y coordinar la anulación fraudulenta de sanciones.
- Edwerson William Pacori Paricahua (alias «Pacori»): Subgerente de Circulación, Seguridad Vial e Inspección. Habría sido el articulador principal para la desaparición física de expedientes y el control del Sistema Nacional de Sanciones del MTC.
- Yony Apaza Justo (alias «Yoni»): Subgerente de Regulación de Transporte de Vehículos Menores. Implicado en la manipulación de procedimientos sancionadores para conductores de mototaxis y vehículos menores.
- Alberth Dany Aguirre Carbajal: Jefe de la Oficina de Liberaciones. Su rol era autorizar la salida de vehículos del depósito municipal sin que los dueños pagaran las multas de ley.
- Eber Lucio Portada Mamani (alias «Eber»): Técnico Administrativo de la Gerencia de Transportes. Encargado de la manipulación material y alteración de datos en el sistema informático.
- Brazos operativos y colaboradores: Personal de apoyo que servía de nexo para la ejecución de los cobros y la captación de conductores:
- Victoria Pamela Onofre Meza (alias «Pamela»): Secretaria de la Gerencia de Transportes. Investigada por presuntamente retirar expedientes oficiales de las oficinas municipales para trasladarlos a domicilios particulares.
- Jhordan Henrry Tintaya Luchini (alias «Luchini»): Personal de Seguridad. Actuaba como el primer contacto o «jalador» en el Terminal Terrestre, abordando a los usuarios para ofrecerles «arreglar» sus papeletas.
- Tramitadores particulares (intermediarios): Abogados que, valiéndose de su cercanía con los funcionarios, gestionaban los pagos ilícitos:
- Alex Grover Apaza Mamani (alias «Alex»): Abogado particular que habría actuado como tramitador ante las oficinas de transportes.
- Alex Carlos Álvarez Condori (alias «Carlos»): Abogado independiente captado en registros de video indicando a los usuarios que el subgerente Pacori podía «ayudar» a anular papeletas de forma directa.
El modus operandi de la red
La organización se especializaba en «arreglar» papeletas de infracción muy graves, específicamente las de categorías M1, M2 y M3, que implican conducir en estado de ebriedad y pueden acarrear la cancelación definitiva de la licencia. A través de abogados particulares que actuaban como tramitadores, como Alex Grover Apaza Mamani y Alex Carlos Álvarez Condori, se contactaba a los infractores para ofrecerles la desaparición de sus expedientes o la no inserción de la sanción en el Sistema Nacional de Sanciones del MTC.
La diligencia incluyó el allanamiento de las oficinas administrativas ubicadas en el segundo nivel del Terminal Terrestre de Juliaca, donde se incautó documentación crítica, equipos de cómputo y teléfonos celulares que servirán para corroborar la magnitud de los beneficios económicos obtenidos ilícitamente por esta red.
(E.C)