El coordinador del Módulo Defensorial de Juliaca, Nibardo Enríquez Barriales, informó que la Defensoría del Pueblo inició de oficio el seguimiento al presunto caso de tortura agravada con subsecuente muerte que involucra a efectivos de la Policía Nacional, expresando además su preocupación por la demora de la Inspectoría de la PNP en el inicio de las investigaciones administrativas.
Enríquez explicó que, tras conocer los hechos ocurridos el último fin de semana, la Defensoría se comunicó de inmediato con la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos, entidad que ya había iniciado las diligencias e investigaba el caso bajo el presunto delito de tortura agravada con subsecuente muerte. Asimismo, indicó que el lunes sostuvieron una reunión con el fiscal encargado para conocer el avance del proceso y el desarrollo de la audiencia de prisión preventiva, la cual continúa en evaluación.
El representante defensorial precisó que la institución ha abierto un expediente de oficio para supervisar el caso y verificar que las investigaciones se desarrollen con respeto al debido proceso y a los derechos fundamentales. Añadió que la resolución final dependerá de la valoración de los medios probatorios que presente la Fiscalía y de la decisión que adopte el Poder Judicial respecto al pedido de prisión preventiva.
No obstante, Enríquez manifestó su inquietud por la actuación de la Inspectoría de la Policía Nacional. Señaló que, hasta el lunes, esta dependencia recién se encontraba recopilando información y aún no había formalizado una investigación administrativa, pese a que los hechos ocurrieron entre la noche del jueves y la madrugada del viernes.
Ante esta situación, la Defensoría del Pueblo acudió a las oficinas de Inspectoría en Juliaca para recomendar que se recabe con prontitud toda la documentación pertinente, incluyendo los informes de Medicina Legal y las diligencias efectuadas por la Fiscalía, a fin de que la investigación administrativa avance de manera paralela al proceso penal y permita determinar eventuales responsabilidades institucionales.
El coordinador defensorial recordó que este no sería un caso aislado, ya que la sede regional de la Defensoría en Puno también realiza seguimiento a otros presuntos casos de tortura, entre ellos uno que involucraría a un abogado, además de investigaciones desarrolladas en otras jurisdicciones de la región. Según indicó, estos antecedentes evidencian la necesidad de reforzar las acciones preventivas dentro de la Policía Nacional.
En ese contexto, exhortó al jefe de la División Policial de San Román y al jefe de la Región Policial Puno a fortalecer la capacitación de los efectivos policiales en materia de derechos humanos, uso adecuado de la fuerza, protocolos de intervención y preservación de la escena de los hechos, con el objetivo de evitar que se repitan situaciones similares.
Finalmente, Enríquez lamentó que no haya logrado establecer comunicación con las máximas autoridades policiales de la provincia y de la región durante el fin de semana, pese a sus reiterados intentos. Aclaró que no presume la existencia de un «espíritu de cuerpo» para encubrir los hechos, pero insistió en que la reacción institucional debió ser inmediata, dada la gravedad del caso y la necesidad de garantizar una investigación rápida, transparente e imparcial.