La ejecución de la obra de mejoramiento del jirón Moquegua continúa envuelta en la polémica. En una extensa declaración, el gerente de Infraestructura de la Municipalidad Provincial de San Román, Wilder Bazán Maldonado, rechazó que el proyecto se encuentre paralizado, pese a que la empresa ejecutora solicitó la suspensión de los trabajos, y responsabilizó directamente a un grupo de vecinos por el retraso de dos meses en el inicio de la intervención.
El funcionario confirmó que la contratista presentó un pedido de suspensión mediante el cuaderno de obra; sin embargo, precisó que la Municipalidad decidió no aprobar dicha solicitud. Según explicó, tras una reunión con los responsables del Proyecto Integral de Agua Potable y Alcantarillado (PIAA), se acordó adelantar para los meses de julio y agosto los trabajos que originalmente estaban programados para octubre y noviembre, con el objetivo de evitar una mayor demora en la ejecución.
Bazán rechazó las críticas que apuntan a una presunta improvisación por haber iniciado la obra sin resolver previamente la intervención de las redes de saneamiento. Por el contrario, sostuvo que desde el expediente técnico se conocía que el cambio del sistema de desagüe correspondía al PIAA y afirmó que nunca se desconoció la existencia de tuberías de concreto. Según dijo, la verdadera «sorpresa» fue comprobar que las versiones difundidas por algunos vecinos, quienes aseguraban que las tuberías ya habían sido reemplazadas por PVC, no eran ciertas.
En ese contexto, el gerente señaló directamente al dirigente Camargo y a otros pobladores de haber obstaculizado el desarrollo del proyecto. Incluso aseguró contar con registros en video donde, según manifestó, algunos vecinos afirmaban que no permitirían la ejecución de la obra «ni sobre su cadáver», lo que —a su juicio— obligó a retrasar durante dos meses el inicio de los trabajos.
Bazán también defendió la decisión de abrir las zanjas para demostrar el verdadero estado de las redes subterráneas. Indicó que solo mediante la excavación se pudo comprobar que las tuberías seguían siendo de concreto y no de PVC, como sostenían algunos dirigentes. Afirmó que esa verificación era necesaria para evidenciar que el PIAA sí debía intervenir con el reemplazo del sistema de alcantarillado.
No obstante, las explicaciones del funcionario no despejan todas las dudas. Mientras asegura que la obra continúa en ejecución, en el lugar permanecen zanjas abiertas que representan un riesgo para peatones y comerciantes, situación que ha generado preocupación entre los vecinos. Durante la entrevista se le consultó quién asumiría la responsabilidad ante cualquier accidente, a lo que respondió que los trabajos continúan y que la suspensión no ha sido autorizada, por lo que la empresa debe mantener activos otros frentes de trabajo conforme a su cronograma.
Respecto a su propia responsabilidad, Bazán reconoció únicamente un «mea culpa» por haber esperado dos meses antes de iniciar la intervención, insistiendo en que ese tiempo se perdió debido a la oposición de los vecinos. Reiteró que la Municipalidad actuó conforme al expediente técnico y que el cambio de aproximadamente 800 metros lineales de tuberías, 250 conexiones domiciliarias y 13 buzones siempre estuvo contemplado dentro del PIAA.
Mientras la Municipalidad sostiene que la obra sigue su curso y atribuye el retraso a factores externos, las interrogantes persisten. La solicitud de suspensión presentada por la empresa, las zanjas abiertas, la reprogramación de los trabajos y el intercambio de responsabilidades evidencian un proyecto marcado por la descoordinación entre las entidades involucradas y un clima de creciente tensión con la población, que continúa esperando una solución definitiva para una de las vías más importantes de Juliaca.