Diversas organizaciones sociales, gremiales y regionales de todo el Perú han convocado a un Paro Nacional Unitario para el próximo martes 14 de mayo. La medida de fuerza busca exigir la derogatoria de una serie de leyes consideradas perjudiciales para la población y manifestar su rechazo a proyectos mineros que consideran depredadores y contaminantes.
La convocatoria, liderada por las Organizaciones de la Macro Región Sur, en coordinación con el Gremio de Transportistas del Perú, el magisterio organizado en la FENATEPERÚ y la Coordinadora Nacional Unitaria de Lucha (CNUL), suma a otras organizaciones a nivel nacional. El pliego de demandas es amplio y abarca diversos temas de interés para la ciudadanía.
Entre las principales exigencias se encuentra la derogatoria de la Ley 32293, que las organizaciones consideran una amenaza a la imprescriptibilidad de la propiedad comunal y al derecho de consulta previa de los pueblos indígenas, buscando la liquidación de las Comunidades Campesinas. Asimismo, se exige la anulación del paquete de leyes pro crimen N° 32108, al que atribuyen un aumento de la inseguridad, extorsiones y sicariato.
Otro punto central del paro es el rechazo a la Ley 32242, que consideran promueve el «despido automático» de maestros, al tiempo que exigen un aumento del presupuesto para el sector educación del 6 al 10% del PBI y justicia para las víctimas de genocidio. También exigen la derogatoria del DL 1620, que ven como una amenaza a la privatización del agua y sus fuentes.
En el ámbito económico y de infraestructura, las organizaciones convocantes exigen la culminación del Gasoducto Sur Andino y rechazan el denominado «gasoducto costero».
Un punto crucial de la protesta es el rechazo a la minería extractiva. Se exige la cancelación definitiva de los proyectos «Tía María» y «La Tapada» en el Valle de Tambo, así como el rechazo a otros proyectos que consideran depredadores y contaminantes, como «Los Chancas» en Apurímac, «El Algarrobo» y «Río Blanco» en Piura, «Cañariaco» en Lambayeque, la posible reactivación de «Conga» en Cajamarca y el proyecto «Ariana» en Junín, que advierten podría contaminar las fuentes de agua de Lima y Callao.
Las organizaciones convocantes reiteraron los acuerdos del II Encuentro de Organizaciones MACROSUR, donde se exigió la conclusión del Gasoducto Sur Andino y se respaldó la lucha de la provincia de La Convención en Cusco, así como el paro indefinido en el Valle de Tambo contra «Tía María» y «La Tapada». También reafirmaron su lucha por la defensa del agua y contra la privatización de Sedapal y la contaminación minera.
Finalmente, las organizaciones denunciaron lo que consideran un «golpe ultraderechista» y una «dictadura» instaurada por el gobierno de Boluarte y el Congreso, así como una política neoliberal de «entreguismo y saqueo». Alertaron sobre un presunto intento de «copamiento de todas las instituciones del Estado» para garantizar un «fraude electoral».
