
Una joven madre de 23 años, identificada como Rosmery, atraviesa una dramática situación de vulnerabilidad en el distrito de San Miguel, luego de haber sido abandonada por su pareja cuando cursaba las 36 semanas de embarazo. Actualmente, vive junto a su recién nacida y su abuela de la tercera edad en un improvisado ambiente acondicionado dentro de un garaje alquilado, donde las precarias condiciones ponen en riesgo su salud y la de la menor.
De acuerdo con la información proporcionada por su defensa legal del caso, Rosmery perdió a su madre cuando era recién nacida y solo cuenta con el respaldo de su abuela. La vivienda donde reside está ubicada en el sector Suchis y ha sido dividida con costales de rafia para improvisar un pequeño dormitorio, sin las condiciones mínimas para enfrentar las bajas temperaturas propias del altiplano puneño.
El drama se agravó la madrugada del pasado miércoles, cuando la joven inició labor de parto. Debido a la distancia hasta un establecimiento de salud y la falta de recursos, una vecina la trasladó de emergencia en un mototaxi hasta la clínica más cercana, donde dio a luz a una niña. Según la denuncia, el padre de la menor, identificado como Ciro Sucasaca, de 24 años, llegó horas después del nacimiento únicamente para registrar a la bebé y tomar algunas fotografías, sin asumir los gastos médicos ni colaborar con pañales, ropa o alimentos.

La familia también denunció que el progenitor no brinda apoyo económico desde marzo y que, pese a los constantes pedidos de ayuda, ha manifestado sentirse «amenazado» por las llamadas de la madre y sus allegados, manteniéndose al margen de sus responsabilidades.
A esta difícil situación se suma el delicado estado de salud de Rosmery. La joven padece anemia y, debido a la insuficiente alimentación, no produce leche materna, por lo que la recién nacida depende de fórmulas lácteas cuyo costo resulta inaccesible para la familia. Antes del parto, la madre obtenía ingresos mediante el comercio ambulatorio, actividad que actualmente no puede realizar.
La defensa legal cuestionó además la respuesta de las instituciones encargadas de proteger a mujeres y menores en situación de violencia. Aunque el Centro de Emergencia Mujer (CEM) tendría conocimiento del caso por presunta violencia psicológica desde hace varios meses, hasta el momento no se habría gestionado una pensión de alimentos anticipada. La abogada solicitó la intervención inmediata de la Defensoría Municipal del Niño y del Adolescente (DEMUNA) y del Ministerio de la Mujer para garantizar la protección de la madre y la recién nacida.

Frente a la emergencia, familiares y ciudadanos han iniciado una campaña solidaria para recolectar pañales, leche, ropa y apoyo económico. Las personas que deseen colaborar pueden hacerlo mediante Yape al número 900 318 188, a nombre de Rosmery, con el objetivo de aliviar la crítica situación que enfrenta la joven madre y brindar mejores condiciones de vida a su hija recién nacida.
