Una profunda preocupación se cierne sobre la institucionalidad y la democracia en Perú, tras dos recientes decisiones que han generado un fuerte debate. La Junta Nacional de Justicia (JNJ) ha anulado el proceso disciplinario contra Patricia Benavides, lo que la habilitaría para ser repuesta como Fiscal de la Nación. Paralelamente, el Tribunal Constitucional (TC) ha anulado la destitución de Tomás Gálvez como fiscal supremo titular.
Estas acciones han encendido las alarmas sobre una posible intervención política del Congreso en la JNJ y el TC, lo que, según analistas, estaría rompiendo el delicado equilibrio de poderes en el país. Esta situación se agrava en un contexto donde se han aprobado leyes que, según diversas voces, favorecen o encubren prácticas ilegales y/o criminales, profundizando el deterioro estatal.
Se señala que el Poder Legislativo, controlado por una mayoría conservadora liderada por Fuerza Popular (fujimorismo) en alianza con Alianza para el Progreso (APP) de César Acuña, Perú Libre de Vladimir Cerrón y otras fuerzas afines, mantiene un sometimiento sobre la presidenta de la República, Dina Boluarte, y, por ende, sobre el Poder Ejecutivo.
Expertos advierten que, tras la aparente «captura» del TC, la Defensoría del Pueblo y la JNJ, desde el Congreso se estaría buscando controlar el Ministerio Público, los organismos electorales y el Poder Judicial. El objetivo final, señalan, sería mantenerse en el poder mediante posibles elecciones fraudulentas.
En cuanto al caso de Patricia Benavides, el intento de denunciarla como Fiscal de la Nación es calificado como anticonstitucional y una violación a la autonomía del Ministerio Público. Esto, al considerar que, según el artículo 158° de la Constitución, el Fiscal de la Nación es elegido por la Junta de Fiscales Supremos, y no por una decisión externa a este cuerpo.
La situación actual ha traído a la memoria períodos oscuros de la historia peruana, como el copamiento de poderes durante el fujimorismo, que la sociedad peruana logró superar. Ante este escenario, diversas voces hacen un llamado urgente a la ciudadanía a reconstruir los niveles organizativos sociales, desde la cuadra, el barrio y los propios partidos políticos, con el fin de frenar lo que se percibe como una «destrucción del Estado».