La Oficina Descentralizada de la Autoridad Nacional de Control de Puno (Odancp) ha sancionado al juez Guido Chevarría Tisnado y a la secretaria judicial Sofía Guerra Cabrera con cuatro meses de suspensión por graves irregularidades en la ejecución de una sentencia que benefició a Enrique Calmet Choque. Esta decisión, tomada después de más de cuatro años de la diligencia, parece confirmar las persistentes sospechas sobre la influencia de Calmet en los operadores de justicia.
El caso se remonta al 23 de febrero de 2021, en plena pandemia y bajo estrictas restricciones por la COVID-19. Aquel día, Sofía Guerra Cabrera, junto con el polémico Enrique Calmet Choque, irrumpieron por la fuerza en el Colegio Politécnico Huáscar, con el apoyo de decenas de policías. El objetivo era ejecutar la Sentencia 486-2017, dictada casi cuatro años antes por el juez Chevarría Tisnado, la cual ordenaba dividir el terreno del plantel para que más de 12 mil metros cuadrados pasaran a manos de Calmet Choque.
La Resolución 47-UDSA-ODANC del 05 de mayo de 2025 detalla que la diligencia fue completamente irregular. Se ejecutó la sentencia pese a que los trabajos judiciales estaban suspendidos por la pandemia (Decreto Supremo N° 023-2021 y Resolución Administrativa N° 0014-2021-PCEPJ). Además, se reveló que el juez Chevarría Tisnado había salido de vacaciones justo en esas fechas, dejando su despacho a cargo de la jueza Martha Irene Aguilar Castillo.
Sin embargo, la secretaría judicial Sofía Guerra ejecutó la sentencia sin informar ni obtener la autorización de la jueza encargada, coordinando la diligencia vía celular con Chevarría, quien legalmente estaba impedido de actuar. La resolución concluye que tanto el juez como la trabajadora judicial usurparon funciones a favor de Calmet Choque.
La investigación de la Odancp revela que todo habría sido planificado. El juez Chevarría había autorizado previamente a Sofía Guerra para coordinar y ejecutar la sentencia, e incluso dispuso el descerraje de la puerta del colegio. La sanción, detallada en 50 páginas, muestra cómo se ignoraron las normas y la ley, con coordinaciones entre el juez, la secretaría y el comisario de Huáscar, alférez PNP Marco Luna Cajas, en la propia Corte Superior de Justicia de Puno, a pesar de la suspensión de labores.
Asimismo, se encontró que el acta de la diligencia era indebida, ya que los peritos designados se retiraron y se consignaron la presencia del procurador regional faltando a la verdad, todo para beneficiario a Calmet Choque. La jueza Martha Irene Aguilar Castillo, quien debía dirigir la diligencia, declaró no haberla autorizada y desconocer las coordinaciones. Por ello, en el proceso disciplinario, la jueza Aguilar Castillo fue absuelta de los cargos.
El último 5 de mayo de 2025, el juez contralor de la Unidad Descentralizada de Sanción y Apelación de la ODANC Puno, Reynaldo Luque Mamani, impuso la sanción de cuatro meses a Chevarría y Guerra. Se sabe que los sancionados han presentado apelación. Al intentar obtener sus versiones, Sofía Guerra evitó a la prensa, mientras que Guido Chevarría no presentó sus descargos durante el proceso disciplinario, lo que ha llevado a algunos jueces superiores a considerar la sanción como un pésimo precedente.
(E.C)
(Sin Fronteras)