César Quispe Calsin, abogado defensor de las víctimas de los trágicos sucesos del 9 de enero en Juliaca, expresó su profunda preocupación por los continuos obstáculos que dificultan el avance de las investigaciones. En declaraciones recientes, el letrado afirmó que «desde un primer momento, quienes cometieron estas graves violaciones de derechos humanos han hecho lo imposible por quedar impunes».
Quispe Calsin detalló que el proceso de investigación ha atravesado por tres etapas marcadas por la inestabilidad en la designación de fiscales. En un primer momento, durante la gestión de la exfiscal Patricia Benavides, se registraron hasta cinco cambios de fiscales, lo que calificó como un período «terrible» para el avance de la justicia. Posteriormente, bajo la dirección del exfiscal Juan Carlos Villena, se lograron avances significativos. Sin embargo, la situación se ha complicado nuevamente con la llegada de la actual fiscal Delia Espinoza, quien también ha dispuesto nuevos cambios en el equipo investigador, atribuyendo estas modificaciones a decisiones del Congreso de la República.
El abogado se enfatizó que estos constantes cambios de fiscales generan un considerable retraso en las investigaciones, ya que cada nuevo fiscal debe invertir tiempo en estudiar el caso y contextualizarse. La propia fiscal ha manifestado su esperanza de que no se producirán más cambios en el equipo a cargo de la investigación preparatoria, la cual se espera que concluya este año.
«Tenemos que llegar de una manera sólida con todo lo que se avanzó y con todas las diligencias que faltan para luego se pueda construir una acusación sólida en contra de los perpetradores de graves violaciones de los derechos humanos y luego pasar a una segunda etapa y luego llegar a juicio oral», sentenció Quispe Calsin, subrayando la necesidad de consolidar un caso robusto para lograr justicia.
En otro momento de sus declaraciones, el abogado informó que se ha logrado identificar a la cadena de mando involucrada en los hechos. En el caso específico de Juliaca, se ha incorporado como investigados a 19 efectivos, de los cuales 16 pertenecen a la Policía Nacional y 3 al Ejército. Estos efectivos ya han sido citados y están prestando su declaración ante las autoridades competentes.
Finalmente, Quispe Calsín señaló que el Código Procesal Penal permite ampliar el plazo de la investigación preparatoria, la cual podría extenderse hasta el mes de septiembre. Después de esta etapa, se espera que se formalicen las acusaciones contra los responsables de las graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante los trágicos sucesos del 9 de enero en Juliaca.
