El Ministerio Público declaró improcedente la denuncia presentada por la Procuraduría Municipal de San Román contra los comerciantes de la plataforma comercial Micaela Bastidas, quienes fueron acusados de ocupar de manera indebida este espacio ubicado en la ciudad de Juliaca.

La decisión fue notificada mediante la disposición fiscal Nº 4, emitida el 14 de febrero de 2025 por la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de San Román, a cargo del fiscal Brayan Anthony Mongen Yucra. En ella, se concluye que no existe mérito para abrir una carpeta fiscal contra los dirigentes del centro de abastos, ya que la ocupación del área se encuentra sustentada legalmente.

Wilfredo Paco Ccallo, presidente de los comerciantes, saludó la disposición y señaló que esta ratifica que no se ha cometido ningún acto irregular que justifique un desalojo. “La disposición establece claramente que no hay delito ni justificación para abrir una carpeta fiscal, porque estamos en derecho”, afirmó.

Paco Ccallo también explicó que el uso del terreno fue autorizado previamente por la propia municipalidad, lo que invalida cualquier acción penal. Añadió que actualmente más de 700 comerciantes laboran en esta plataforma, considerada un importante punto de dinamización económica para la ciudad.

Asimismo, remarcó que la municipalidad intentó aplicar una ordenanza municipal que no fue publicada en el diario oficial El Peruano, por lo que legalmente no tiene validez en el marco de este conflicto. “Con esta decisión, se ratifica el carácter comercial del espacio”, añadió.

Por su parte, el abogado defensor de los comerciantes indicó que la resolución fiscal representa un importante precedente para la defensa de los derechos de los trabajadores informales organizados en plataformas comerciales reconocidas por la propia autoridad local en gestiones anteriores.

Con esta resolución, los comerciantes de Micaela Bastidas podrán continuar sus actividades con mayor tranquilidad jurídica, mientras esperan que la comuna propicie un diálogo más abierto y constructivo en lugar de procesos legales sin sustento, señalaron voceros del gremio.

R.C.M.

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